El precio del crimen computarizado
575 mil millones de dólares anualmente le cuesta al mundo el crimen organizado. Esto equivale al 0,5% del PIB global. Eso es similar a cuatro veces la cantidad de donaciones que se emiten para el desarrollo en todo el mundo. En América Latina y el Caribe, este tipo de crímenes cuestan montos oscilantes de US 90000 millones por cada 365 días, según detalla un informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
El Gobierno de la Argentina, en medio de un incremento de los atentados informáticos, han hecho un minucioso marco jurídico para las TIC, añadiendo la Ley 26.388, el Código Penal y la Ley 25.326 sobre protección de datos. También están generando una ley procesal para tratar la evidencia digital.
La División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) es la que se encuentra al mando de aquellas investigaciones acerca de los potenciales delitos informáticos y tomaron las riendas de ciertos aspectos que incluyen el suministro de información acerca de cómo detectar y reportar ataques cibernéticos.
La sociedad, en su gran mayoría, no se encuentran al tanto de los riesgos y de las vulnerabilidades vinculadas con el uso de las TIC. Es determinante que los gobiernos tengan la capacidad de descifrar los riesgos y oportunidades asociadas con el aumento de la conectividad y la absoluta dependencia del uso del Internet.
En toda la zona sudamericana, están ejecutando cada una de las posibilidades que tienen para poder desarrollar marcos legales capaces de poder combatir la delincuencia organizada, a nivel cibernético, objetivo imprescindible de la estrategia de seguridad virtual de la OEA.
A pesar de que solamente dos de los 32 países Miembros de la OEA, como lo son la República Dominicana y Panamá, se han sumado a la Convención de Budapest, la cual surgió en la capital de Rumania, acerca de las consecuencias del delito cibernético a escala global.
